Los 17 internos mapuche de la cárcel de Angol, acusados por el delito de secuestro calificado y maltrato de funcionarios de Gendarmería en 2022, renunciaron al patrocinio de la Defensoría Penal Pública, y piden ser representados por abogados de otras regiones del país. A través de un comunicado emitido en redes sociales, afirmaron que la Defensoría Penal Pública Mapuche tiene un actuar racista bajo el actual Gobierno del Presidente Gabriel Boric. La decisión fue calificada como una medida busca dilatar el proceso, según explicó Roberto Garrido, fiscal regional de La Araucanía.
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